El certificado de antecedentes penales es un documento gubernamental que acredita tanto la ausencia como la existencia de antecedentes penales que el solicitante pueda o no tener. También puede informar si se le ha privado de libertad y si ha cumplido o no la condena y, de ser así, de qué tipo de régimen de libertad dispone. Cualquier persona que sea mayor de edad puede solicitarlo o presentarlo, al igual que cualquier persona jurídica por medio de sus representaciones legales. Por otro lado, es expedido por el Ministerio de Justicia y se puede obtener o solicitar por vía presencial, por correo y por internet. Cabe decir, que este documento tiene un periodo de validez total de 3 meses a partir de su fecha de expedición.

A continuación, explicaremos por qué puede ser necesario adquirir este tipo de documento. Por ejemplo, en el ámbito laboral, algunos empleadores pueden tener sus reservas con los candidatos, más cuando hay vacíos temporales en sus CV y por ello, optan por solicitar este certificado; suele ocurrir en trabajos relacionados con la educación, la salud y la seguridad. Del mismo modo, también se puede requerir en puestos de trabajo en países extranjeros. Este documento también es necesario para poder obtener un permiso de armas u optar a la oposición a cargos público como pueden ser Guardia Civil o Policía entre otros. En el caso de ser extranjero, puede ser necesario a la hora de solicitar residencia, un visado e incluso para trabajar o estudiar.

Dada la importancia de este tipo de documento en el contexto internacional, no es de extrañar que la traducción de certificados de antecedentes penales esté a la orden del día. Para que el certificado se pueda traducir, primero tiene que estar legalizado, pues si no lo está, su traducción jurada u oficial tendrá una validez nula. Para conseguir dicha legalización, hay que tener en cuenta tanto al Convenio de la Haya como a su Apostilla. En el Convenio, los países firmantes reconocen la autenticidad de los documentos expedidos en otros países por medio de la apostilla, un sello oficial que los legaliza y facilita el procedimiento de su autentificación. Cabe añadir que esta forma de legalización solo se aplica a los países firmantes del Convenio, ya que aquellos que no pertenezcan a este deberán legitimar el certificado diplomáticamente a través de la embajada o el consulado del país en el que quiere presentar el certificado. Por otro lado, debido a la existencia de acuerdos como el de la UE y sus países, muchos tipos de documentos no precisan de esta legalización, lo que agiliza más el proceso burocrático.